Es urgente cambiar la relación laboral entre Pemex y el sindicato petrolero, pues permite abusos, corrupción y opacidad de los líderes, coincidieron ayer especialistas.
Durante el foro sobre la reforma energética en el Senado, el presidente de Sociedad en Movimiento, Alberto Núñez, aseguró que se puede tener transparencia si se ataca al principal elemento de descapitalización del sector: el sindicato petrolero. Denunció que la agrupación sindical realiza venta de plazas y robo de hidrocarburos, que sus líderes viven en la riqueza extrema y que son excesivas las transferencias de la empresa para sus eventos sociales.
“El contrato colectivo muestra concesiones al sindicato fuera de toda proporción, derivadas de un desequilibrio histórico en las negociaciones entre patrón y trabajadores”, reprochó.
Núñez ejemplificó que en el 2006, el sindicato recibió 354 millones de pesos para festejos, apoyos a viajes, revisiones anuales del contrato colectivo y demás apoyos. En ese año se destinaron 20.4 millones para gastos de viaje del Comité Ejecutivo General; 13.1 millones para festejos de la Expropiación Petrolera, y 23.4 millones para celebraciones del Día del Trabajo.
El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, calificó como una gravísima omisión que los legisladores no hayan incluido a los sindicatos ni a los partidos en la reforma al artículo sexto constitucional, para su mejor fiscalización. “Es urgente revisar el régimen laboral de Pemex, incluyendo su relación con el Sindicato y su sistema de pensiones, con el fin de atender los factores de riesgo en la materia”, dijo.
El auditor aseguró que el pasivo laboral es un verdadero peligro, pues tan sólo en el 2007 se entregaron 24 mil millones de pesos, lo que representa el 45 por ciento de la nómina del organismo.
Preocupación que también expresó el ex líder nacional del PRI, Mariano Palacios. “Dar transparencia en esta materia resulta urgente, ya que la gradualidad en el avance de las reformas está condicionada por este capítulo”,
indicó.
El presidente del IFAI, Alfonso Lujambio, aseguró que en esta reforma se debe hacer obligatorio que la paraestatal publique en internet los montos que entrega al sindicato. Aseguró que aunque no es legal que a través de la Ley de Transparencia se dé a conocer la cifra de cuotas que recibe el sindicato, el 40 por ciento de los recursos que entran a su tesorería son fiscalizables y debe rendir cuentas.
Aunque no entró en detalle, la diputada del PRI, Beatriz Pagés, pidió que el sindicato también estuviera obligado a reglas de transparencia. “Me parece también que ha llegado la hora de tirar tabúes, la transparencia debe ser para todos, para todos sin excepción, para la empresa en su relación con el gobierno y con la iniciativa privada, y también la transparencia para el sindicato”, comentó. |